Los enfoques de investigación
Uno de los primeros temas que abordamos en el estudio de los fundamentos de la ciencia política, tras el estudio previo de las variables y las correlaciones, son los enfoques de investigación.
Como no podía ser de otra manera, su estudio parte cronológicamente del conductismo, primera aportación, llegada de la mano de la psicología en las primeras décadas del siglo XX. Con él se dejó de atender a la retórica de los actores sobre el interés general y se empezó a estudiar su comportamiento real. Su mayor aportación fue, precisamente, la consolidación de la disciplina como ciencia.
Unas décadas después fueron los economistas quienes marcaron un nuevo punto de partida con la teoría de la elección racional, segundo gran enfoque de investigación de la ciencia política.
Finalmente, el nuevo institucionalismo, en sus distintas versiones, puso el acento en el efecto de las instituciones, formales e informales, como mediadoras entre el poder y el resultado político, al que condicionan en gran medida.
Con tal variedad de herramientas analíticas (y esto no es más que una somera introducción a parte de ellas), podemos estudiar científicamente, tanto de forma cualitativa como cuantitativa, las hipótesis que planteemos, y construir teorías en la medida en que sean susceptibles de comprobación y falsación, siempre de manera tentativa y provisional, acorde con la evolución de la propia realidad.
De eso se trata: de comprender la política y a sus actores superando el simple análisis de su retórica, buscando sus intenciones, deseos, objetivos y motivaciones, e indagando incluso en los condicionantes culturales e históricos en la medida en que resultan factores propiciatorios, unas veces como causa necesaria y otras como causa suficiente. Y siempre, en la medida de lo honestamente posible, cuidándonos de recurrir a explicaciones reduccionistas, conscientes de nuestras limitaciones como objeto y sujeto de estudio frente a la enorme complejidad de la realidad.
La pregunta
La mayor parte de las personas ajenas a estas cuestiones suelen identificar lo que consideran «problemas» y, rápida e intuitivamente, les asignan soluciones.
¿Por qué los representantes políticos no son capaces de aplicar una lógica similar y dar, de manera rápida y eficaz, soluciones contundentes a lo que parecen problemas obvios?
Esta es, estimados lectores, la cuestión que motiva esta publicación.
Un experimento mental: el dictador eficaz
Para comprenderlo mejor, empecemos por analizarlo a la inversa. Imaginemos lo «operativo», en términos de decisión, que resultaría que todo el poder económico y coercitivo —ejecutivo, legislativo y judicial— estuviera en manos de una sola persona, y que esta no tuviera que competir con nadie por él. Sería fácil suponer que ese hipotético dictador podría acometer cualquier iniciativa con un grado de eficacia que ningún proceso democrático o asambleario lograría jamás, tanto por la brevedad de los tiempos como por la contundencia de las formas.
Figurémonos que ese dictador, sin reparo alguno ante las presiones e intereses plurales, y en aras de lo que él considera el interés general, actúa sin verse contenido por los intereses, derechos y libertades de nadie.
Como se deduce fácilmente, ese actuar eficaz habría quebrado por completo cualquier atisbo de legitimidad democrática (que, desde luego, al dictador no se le presumía) y de respeto hacia nadie, ni siquiera hacia las minorías. Eso sí, sería eficaz en su cometido, independientemente de cuál fuera o de si fuese justo.
Eficacia frente a legitimidad
La democracia no tiene por qué ser más eficaz que la dictadura. Será más digna. Será más justa.
La democracia tiene sus grandezas: un nivel de respeto hacia el individuo y las minorías que una dictadura, por definición, jamás podrá tener, y mecanismos para revocar a quien gobierna. También tiene sus problemas, pero siempre será mejor la peor de las democracias, con su proceder posibilista basado en la negociación y el acuerdo, que la mejor de las dictaduras, con su maximalismo incontestable.
